Consorcio para el
Derecho Socio-Ambiental
Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental
Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental
De las múltiples caracterizaciones que se puede dar a la sociedad contemporánea, una de las más importantes es la de tener a su alcance las herramientas conceptuales, metodológicas y operativas necesarias para registrar, medir y evaluar el rendimiento de prácticamente cualquier, plan, proyecto o emprendimiento que desarrollen las organizaciones públicas, privadas o comunitarias y, en general cualquier grupo formal o informal de la sociedad civil.  Esto permite anticipar el éxito de una intervención o conocer si los esfuerzos institucionales para resolver sus problemas o lograr sus objetivos, podrían verse afectados por situaciones que no fueron previstas al momento de planificarlos, o que fueron subestimados durante su ejecución.

La evaluación en general es un proceso de valoración crítica tendiente a determinar si una acción para el desarrollo, sea un plan, proyecto o programa, en marcha o ya concluidos, han logrado los objetivos planificados y los cambios socioeconómicos o culturales esperados. De esta manera se busca conocer que cambios se requieren realizar para que ese proyecto o intervención cumpla sus objetivos y qué tan oportuno ha sido éste para solucionar una problemática determinada.

La evaluación como herramienta de análisis para conocer el desempeño de un proyecto o programa, se aplica a virtualmente todas las formas de ejercicio institucional, sea en el ámbito privado como en el público. Sin embargo, sobre las políticas y la legislación, aspectos medulares de la conducción regulación y control de las sociedades, no existe la percepción de que son ejercicios públicos que deberían ser evaluados y menos que esa evaluación sea de manera periódica. Esta percepción proviene básicamente de la idea de que la evaluación solo tiene que ver con proyectos temporales orientados al desarrollo socioeconómico o a cumplir metas específicas de las instituciones o gobiernos, y no con aspectos de política o legislación que se consideran elementos que solo pueden ser alterados mediante ejercicios político-partidistas, sin la acción sistemática de verificación de sus resultados.
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