Consorcio para el
Derecho Socio-Ambiental
Vulnerabilidad Social
y Riesgo
Derechos colectivos, desarrollo y vulnerabilización de los pueblos tradicionales
Byron Real López
Fin Parte 1
Publicado en: “Los Derechos Colectivos, Hacia una efectiva comprensión y protección” (Ávila, María Paz y Corredores, María Belén, 2009), Editado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador.
SUMARIO:
I. Introducción. II. Derechos colectivos y protección de los pueblos indígenas. 2.1. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el Ecuador. III. Desarrollo, cambio social y amenaza. 3.1. El paradigma del desarrollo y los pueblos indígenas. 3.2. Los sistemas naturales y sociales ante las amenazas externas. 3.3. Adaptación y resiliencia de los pueblos indígenas, ante las amenazas naturales. IV. Desarrollo y transformación de los sistemas sociales y ecológicos. 4.1. Desarrollo económico y vulnerabilidad social en los territorios indígenas. 4.2. ¿Pueden los pueblos tradicionales resistir los impactos de la globalización? 4.3. Vulnerabilidad social y colapso cultural y/o físico. V. Derechos colectivos y supervivencia cultural y física. 5.1. Desarrollo y declive cultural de los pueblos indígenas. 5.2 Los derechos colectivos y la pérdida de la cultura de los pueblos tradicionales. 5.3. La Noción de pérdida cultural y su impacto en los derechos humanos. VI. Conclusiones. VII. Referencias bibliográficas.
I. Introducción
Las transformaciones son una constante de los sistemas naturales y humanos. Las erupciones, los incendios forestales, los huracanes, las inundaciones, son algunos de los promotores de cambio en el mundo natural. Estos son, básicamente, eventos naturales, a cuyas consecuencias los ecosistemas se encuentran totalmente adapta
En las sociedades humanas, las políticas de desarrollo, las revoluciones, y los desastres, son algunos de los agentes de cambio. Estos responden a situaciones complejas, que aparecen en la forma de decisiones democráticas, de procesos comunitarios de búsqueda de respuestas a problemas colectivos. También son consecuencia de decisiones tecnocráticas, externas; o, de condiciones de vulnerabilidad social y riesgo, generadas por una combinación de pobreza, políticas públicas y eventos naturales, entre otros.
En los sistemas humanos, la dinámica social ayuda a superar problemas y cubrir necesidades de los individuos, de las familias y de los grupos. Estas dinámicas, generalmente responden a procesos culturales locales, a agendas democráticamente elegidas o a imposiciones dictatoriales. Decididos o impuestos, los cambios son por lo general tolerados en la sociedad; y, aún cuando estos cambios generen impactos negativos que afectan a ciertos sectores, la misma sociedad establece condiciones para que los afectados puedan superar los efectos de los cambios. Piénsese, por ejemplo, en la construcción de una obra pública, en la que deba reasentarse a un barrio completo, para en su lugar emplazar un mercado o un hospital. Por más que se genere conflictos políticos y sociales, las familias afectadas serán, de alguna manera, compensadas (vía indemnización por ejemplo), con lo que se recuperarán del impacto sufrido al perder sus casas, su comunidad, sus relaciones sociales y, eventualmente, sus medios de subsistencia. Una vez recuperadas, esas familias, podrían más tarde prosperar. Este proceso de respuesta y recuperación ante un infortunio; de superación física, social y emocional del impacto; y, finalmente, de florecimiento social, es parte de la dinámica humana. Sin embargo, esta forma de desenlace es propia de las sociedades urbanizadas o modernas, con acceso a tecnologías de alto rendimiento y basadas en una economía de acumulación.
En las sociedades tradicionales, o aquellas basadas en sistemas económicos no acumulativos, cuya subsistencia descansa en los recursos naturales disponibles en sus áreas o ecosistemas de influencia, los cambios sociales son distintos. La dinámica social aquí está fuertemente condicionada a las características del medio natural en el que se desenvuelven. Los únicos cambios que afectan con cierta severidad a estas sociedades, son los eventos de la naturaleza (lluvias-inundaciones, incendios forestales, terremotos, etc.), para los que se encuentran muy bien preparados, tanto para prevenir los impactos, como para reaccionar adecuadamente en caso de que éstos les lleguen a afectar.
Sin embargo, cuando estos grupos tradicionales son expuestos a cambios tecnológicos, como la construcción de ciertas obras públicas o la implantación de proyectos de desarrollo en su ambiente de vida, las alteraciones directas o indirectas que ocurren como consecuencia, tiene una repercusión mayor a la de un desastre.
Tanto en los sistemas naturales como en los sociales tradicionales, existen estrategias para enfrentar y tolerar los cambios generados por promotores naturales. Estas estrategias, la adaptación y la resiliencia, los conducen a períodos de recuperación y de posterior florecimiento. Pero los vectores de cambio humano inducido, como son los derivados del desarrollo económico, están entre los más violentos, que inciden en todos los ámbitos de la vida social; y, ecológicamente, sus efectos trascienden a los ecosistemas en donde ocurren. Generalmente beneficioso, el desarrollo puede ser también instrumento de aniquilación cultural y física para ciertos grupos humanos; y generador irreversible de inseguridad ambiental. Sus efectos, plantean cuestionamientos serios para las nociones de democracia, derechos humanos y derechos colectivos.
Desde un análisis de las nociones científicas y sociales de adaptabilidad, resiliencia y vulnerabilidad; y, de las categorías jurídicas de derechos humanos y derechos colectivos, este ensayo reflexiona sobre los efectos que el desarrollo económico tiene en los pueblos tradicionales, que dependen de los ecosistemas naturales para subsistir. En las conclusiones, se sugiere que la globalización económica está, por un lado, anulando las características de adaptación y resiliencia de los pueblos indígenas tradicionales; y, por otro generándoles vulnerabilidad ante una amenaza para la que no están preparados para responder. De esta manera, se estaría dañando el tejido social de estos grupos y así promoviendo su colapso cultural y aún físico.
II. DERECHOS COLECTIVOS Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El concepto de derechos colectivos, remite a un tipo de derechos humanos, cuya titularidad corresponde a un grupo social identificable. Mientras mucho se ha teorizado sobre los derechos humanos individuales, aún es escueta la reflexión jurídica sobre los colectivos. Se empieza a hablar de ellos, a partir de las Convenciones OIT 107 y 169 y aunque se tiende a ubicarlos en los llamados “derechos de tercera generación”, en realidad los derechos colectivos incluyen una serie de garantías básicas que han sido catalogados en todas las generaciones en que han clasificado a los derechos humanos.
Históricamente, la reflexión sobre el tema central de los derechos colectivos indígenas, el derecho a la tierra, la inició Fray Bartolomé de las Casas (1484 – 1566), el misionero español que adoctrinó a los conquistados Aztecas en el s. XVI. Oponiéndose a la doctrina pontificia de que los indígenas, por ser no cristianos, no tenían derechos a la tierra y a otras posesiones, De las Casas rechazó la usurpación territorial de la que fueron víctimas los pueblos precolombinos (Pennington 1993). Contemporáneamente, el teólogo español Francisco De Vitoria (1483 – 1546), en un ensayo titulado “De India et De Jure Belli Reflections”, publicado en 1532, arguyó que “las naciones indígenas fueron las verdaderas dueñas de las tierras y territorios y, como tales, no pueden ser despojadas de esas posesiones mediante la doctrina de descubrimiento de tierras baldías”. De acuerdo al razonamiento de De Victoria, los conquistadores españoles no podían reclamar título sobre las tierras indígenas simplemente porque ellos las han descubierto. Igualmente, este pensador sostuvo que las tierras de los pueblos indígenas no pueden ser tomadas como resultado de una “guerra justa” llevada adelante para cristianizar a dichos pueblos.
Las ideas de De las Casas y De Victoria, tuvieron un eco limitado en el poder político de la época y, en los siglos siguientes fueron olvidadas. Incluso en las primeras décadas del siglo XIX, las repúblicas Latinoamericanas, con todo el poder revolucionario con que iniciaron sus vidas, poco o nada hicieron por los pueblos indígenas de sus territorios. Irónicamente, en lo internacional, todas ellas invocaron el principio “Uti possidetis juris”, que significa “lo que poseíste conforme a derecho, lo continuará poseyendo”, para reclamar sus territorios, pero internamente aplicaron la noción de “res nullius” o “terra nullius” que en esencia significan tierra de nadie, para justificar el despojo de las tierras a los grupos indígenas que aún conservaban grandes extensiones bajo su posesión.
Solamente se vuelve a hablar del tema de los derechos indígenas, de manera sistemática, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó un cuerpo jurídico de protección de los derechos humanos. El primer instrumento formal que abordó ciertos derechos indígenas fue el Convenio # 107 de la OIT de 1957, relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes. En su preámbulo, esta convención considera que “existen poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales que no se hallan integradas todavía en la colectividad nacional y cuya situación social, económica o cultural les impide beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunidades de que disfrutan los otros elementos de la población”. En consecuencia, este instrumento llama a los países parte, a integrar progresivamente a los pueblos indígenas, en la vida de sus respectivos países. De acuerdo con esta Convención, la integración asegurará la promoción del “desarrollo social, económico y cultural de dichas poblaciones y el mejoramiento de su nivel de vida” (artículo 2). Para esto, se debía, entre otras medidas, integrar a estos grupos a la educación (artículo 21), al lenguaje nacional (artículo 23), y, en definitiva, transformar cada aspecto de sus culturas tradicionales. La convención también prevé la incorporación de los indígenas en relaciones capitalistas de trabajo (artículo 15) y, aunque establece que “no deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su libre consentimiento”, sin embargo admite que por razones relativas a la seguridad nacional o al desarrollo económico del país, si se lo podría hacer (artículo 12).
Al realizarse este convenio, hubo ya un conocimiento de que los pueblos indígenas podrían ser muy afectados por los cambios socioeconómicos y la integración en las sociedades nacionales, por lo que se advirtió del peligro “que puede resultar del quebrantamiento de los valores y de las instituciones de dichas poblaciones, a menos que puedan ser reemplazados adecuadamente y con el consentimiento de los grupos interesados” (artículo 4b). En última instancia, la Convención establece que las poblaciones indígenas “podrán mantener sus propias costumbres e instituciones cuando éstas no sean incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de integración” (artículo 7, num.2).
El Convenio OIT 107 apareció en momentos en los que la ideología predominante era la de que las culturas tradicionales las constituían grupos salvajes a los que había que ayudar para que adopten los valores de la civilización, básicamente, los de raíz europea. Así, este instrumento promovió dos aspectos recurrentes que subyacen en el paradigma del desarrollo: la eliminación de las llamadas “culturas atrasadas”, y la incorporación de éstas, en las relaciones capitalistas de producción.
El robustecimiento del movimiento indígena en los diferentes países de América, significó reclamos por el reconocimiento, no solo de su derecho a la tierra, sino también de otros derechos, de carácter cultural, económico, social, políticosy, en especial, el de autodeterminación. Estas exigencias condujeron a la Convención OIT 169, aprobada en junio de 1989, basada en la OIT 107. La Convención OIT 169 apareció al final de la denominada Guerra Fría y en momentos en que las políticas internacionales de ajuste económico eran promovidas por el Fondo Monetario Internacional. Al igual que su antecesora, la OIT 169 tuvo como filosofía subyacente la promoción del desarrollo económico en el entorno indígena, sin embargo, ya no presenta un enfoque asimilacioncita de los indígenas a la sociedad predominante, sino más bien el de respeto a la identidad cultural, el derecho a la autonomía y el reconocimiento de la relación entre la cultura de los pueblos indígenas y sus tierras. El término "tierras", incorpora el concepto de “territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.” (art. 13, num. 2). Ese reconocimiento incluye no sólo a las tierras efectivamente ocupadas por los indígenas, sino también a las que tradicionalmente acceden para su subsistencia.
Otros aspectos relevantes del Convenio OIT 169, son el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y el de participación; y, el de obtención de beneficios en razón de la explotación de los recursos naturales de los lugares en los que tradicionalmente habitan (art. 6, num.1 y 15, num. 2). Este derecho de consulta es aplicado para casos de enajenación de las tierras indígenas (art. 17. Num. 2); para la realización de programas de formación profesional (art. 22, num. 3); y, para la creación de centros educativos (art. 27 num. 3). Sin embargo de que este mecanismo constituye un avance formidable en la protección de los derechos indígenas, es a la vez, una ventana abierta para permitir procesos que podrían violentar sus medios de subsistencia y su cultura. Se deja, en este ámbito libertad a los gobiernos para establecer procedimientos de consulta a los pueblos indígenas, “a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras“ (art. 15, num. 2). En lo relativo a la remoción de indígenas de sus tierras, el Convenio OIT 169 sigue a su predecesora OIT 107, en cuanto a admitir que excepcionalmente podría haber desplazamiento de indígenas, dejándose a la legislación nacional sus términos (art. 16).
Aunque la Convención OIT 169 significó un avance importante, en la protección de ciertos derechos indígenas, al igual que OIT 107, su intención básica es la regulación del proceso de transformación de los pueblos indígenas, en el contexto de las políticas de desarrollo. De manera expresa o tácita, ambos convenios tienen la noción subyacente de incorporación de los pueblos tradicionales en la sociedad predominante, la que históricamente nunca ha dado una bienvenida a estos grupos, rechazándolos y confinándolos en los estratos más pobres y desprotegidos de la sociedad.
2.1. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el Ecuador
Inspiradas en los convenios OIT 107 y 169, las constituciones de 1998 y la vigente (2008), han reconocido los derechos colectivos indígenas. En la Constitución actual, estos derechos constan en el artículo 57. Este, de manera resumida, manifiesta lo siguiente:
Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
2. No ser objeto de racismo.
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.
4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras.
5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales.
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables de sus tierras.
7. La consulta previa, libre e informada, sobre planes explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras.
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad.
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad;
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario.
11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.
12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos;
13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico.
14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe.
15. Construir (sic) y mantener organizaciones que los representen.
16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales.
17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar sus derechos colectivos.
18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.
19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y emblemas que los identifiquen.
20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.
Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
Los derechos colectivos indígenas, que en forma taxativa incluye la Constitución del Ecuador, constituyen un hito importante en las relaciones estado - pueblos indígenas. Sin embargo, según se sostiene en este ensayo, existen ciertos pueblos indígenas cuya supervivencia cultural y aún física, podría no estar garantizada por estos derechos. Esos pueblos, los que basan su subsistencia en los sistemas naturales, al ser expuestos a actividades de desarrollo o extractivas de recursos naturales, son afectados en su derecho a existir como entidades culturales independientes que han evolucionado en entornos históricos diferentes que los de las sociedades predominantes. Si bien es cierto que la Constitución del Ecuador establece que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario estarán vedadas esas actividades, sin embargo todavía existen pueblos indígenas no “aislados” cuya supervivencia se fundamenta aún en los sistemas naturales de sus territorios.
III. DESARROLLO, CAMBIO SOCIAL Y AMENAZA
3.1. El paradigma del desarrollo y los pueblos indígenas
El paradigma del desarrollo, impulsado desde finales de los años 1940s, está basado en la idea de que las naciones subdesarrolladas, debían desarrollarse a través de la adopción de mecanismos, normas, valores de racionalidad económica, propios de la modernidad. La aplicación de este paradigma en los países Latinoamericanos, ha sido un medio formidable de cambio social, pues ha significado ciertos avances en materia de salud, de producción de alimentos, de provisión de vivienda, y otros aspectos de bienestar social.
El desarrollo como política pública, ha sido también un mecanismo de transformación profunda del medio natural y de creación y recreación del medio humano. Sin embargo, históricamente, el desarrollo no ha sido opción, ni ha generado bienestar a todas las sociedades. Los pueblos indígenas están entre los que no necesariamente han sido beneficiarios del desarrollo, pues éste generalmente ha dañado el ambiente natural en donde han vivido durante cientos de años y así los ha privado de los recursos materiales con que han contado para subsistir. En ciertos contextos, el desarrollo, en lugar de mejorar las condiciones de vida de algunos pueblos, más bien los ha dejado en condiciones de vulnerabilidad y los ha expuesto al peligro de extinción.
El desarrollo ha sido nocivo para los grupos indígenas, en particular para aquellos que Alcorn (2000) llama "pueblos ecosistémicos” o pueblos que se han adaptado a, y dependen de, los ecosistemas locales para su subsistencia. Estos grupos, que todavía mantienen sus identidades colectivas, las tradiciones culturales y las prácticas de gestión de los recursos naturales, se han visto afectados por cada proceso de intervención económica que se ejecuta en los ecosistemas existentes en sus territorios (Alcorn 2000:6).
El desarrollo fue concebido como un paradigma absolutista, que ha copado toda la imaginación y comprensión que los gobiernos, los políticos y, aún, la gente común, tiene del devenir social. En sus inicios, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, este paradigma fue entendido como “el proceso dirigido a preparar el terreno para reproducir en la mayor parte de Asia, África y América Latina, las condiciones que se suponía que caracterizaban a las naciones económicamente más avanzadas del mundo - industrialización, alta tasa de urbanización y de educación, tecnificación de la agricultura y adopción generalizada de los valores y principios de la modernidad, incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual” (Escobar 1997). El desarrollo así, se convirtió en un método y un objetivo insistentemente buscado por los gobiernos de todo el mundo.
Explícitamente, la noción de desarrollo fue concebida como un instrumento de trasformación de la identidad cultural de los pueblos indígenas. En su discurso inaugural en 1949, el Presidente norteamericano Harry Truman manifestó
“debemos embarcarnos en un nuevo e intrépido programa para hacer los beneficios de nuestro progreso industrial, disponibles para el mejoramiento y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Más de la mitad de las personas del mundo están viviendo en condiciones que se aproximan a la miseria. Su comida es inadecuada. Ellos son víctimas de enfermedades. Su vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza es un impedimento y una amenaza para ellos y para las áreas más prósperas… Y, en cooperación con otras naciones, debemos promover inversión de capital en áreas que necesitan desarrollo” (Truman 1949)
Poco después, en 1951, ya en marcha la nueva política del desarrollo, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas señaló en uno de sus informes, que el desarrollo no puede lograrse sin “ajustes dolorosos”, pues las “filosofías antiguas tienen que ser abandonadas, las viejas instituciones deben desintegrarse; los lazos de casta, de credos y de raza, tienen que romperse, y un gran número de personas que no puedan mantenerse junto al progreso, verán frustradas sus expectativas de una vida confortable” (UN 1951).
El mensaje del Presidente Truman y el posicionamiento conceptual de las Naciones Unidas, en esos momentos el organismo que sintetizó la paz luego de la convulsión bélica que asoló al mundo pocos años antes, describieron la filosofía subyacente de la doctrina del desarrollo: ruptura de la identidad, de los credos y la vida comunitaria, desintegración de las tradiciones, transformación de las culturas atrasadas, conquista de la naturaleza. Es decir, el desarrollo implicó la violación de varios derechos humanos fundamentales. El arma para lograr esos fines, una que ningún gobierno se resistiría: la inversión económica en áreas (sociales y naturales) “atrasadas” para sacarlas del “subdesarrollo”. Estas ideas han sido muy arraigadas en el pensamiento oficial de los gobiernos, de los académicos, de los organismos internacionales, hasta hace relativamente pocos años. Y si hoy, por razones de corrección política, ya no se piensa así o ya no es presentable pensar de esa manera, sin embargo, generalmente, esas nociones aún subyacen en las políticas de desarrollo.
Siendo el haber cultural de los pueblos indígenas el que se estigmatizó como obstáculo para el bienestar y que expresamente se haya buscado su eliminación, el desarrollo constituyó una política eminentemente racista, que propugnó la transformación social sin valorar la cultura de los pueblos . Pero si con las culturas locales el concepto de desarrollo no ha sido compatible con compromisos sólidos de caución, con la naturaleza, esa política ha sido aún más agresiva. La filosofía subyacente del pensamiento oficial ha sido que la naturaleza es la jungla, el desorden y que solo el desarrollo era capaz de proveer orden a este caos. Por esto la noción de “conquista de la naturaleza”, fue recurrente durante décadas (Nash 1989: 35).
Dada la filosofía subyacente de negación de las realidades que encuentra a su paso, el paradigma del desarrollo adquiere un significado de amenaza externa para los sistemas naturales y sociales en los que interviene. Esto ha sido reconocido por instituciones multilaterales de crédito como el Banco Mundial, que desde hace al menos dos décadas han adoptado políticas de carácter social y ambiental para calificar sus proyectos. Michael Cernea, el primer sociólogo que el Banco Mundial incorporó, alertó ya de los “modelos democráticos y tecnocráticos”, inspiradores y distorsionadores de los programas de desarrollo, que intentan “únicamente influir sobre variables económicas, considerando que éstas son las únicas decisivas y suponiendo que el “resto” se producirá por si “solo”. Como una forma de viabilizar un desarrollo que respete al ambiente y la sociedad, Cernea reclama creatividad, competitividad y militancia de parte de los cientistas sociales para criticar estos modelos, alertando que cuando los programas de desarrollo tienen en cuenta recursos naturales como agua, suelo, bosques, etcétera, éstos deben considerarse “no solo como activos físicos manipulables, ni solo en términos de su valor de mercado, sino como componentes de un sistema integral de organización social que regula su utilización, propiedad, gestión, etc.” (Cernea 1994)
Las ideas de Cernea, han promovido que en el Banco Mundial se establecieran políticas y directrices para evitar que sus intervenciones afectaran a los pueblos nativos y a la naturaleza. Prácticamente todos los organismos multilaterales han seguido esta política, las organizaciones no-gubernamentales las propagan y, día a día los gobiernos adoptan normas que buscan “domesticar” a las acciones de desarrollo, para que éstas pierdan su agresividad frente a la sociedad y la naturaleza.
Pero más allá de los compromisos políticos de los organismos internacionales, la buena fe de las organizaciones no-gubernamentales y los esfuerzos de los gobiernos, cuando se extraen recursos naturales de áreas naturales sensibles; de ecosistemas críticos; o, de territorios indígenas, esas actividades ocasionan inevitables impactos, con efectos ecológicos y sociales enormes. Esas intervenciones generan, por un lado, vulnerabilidad debido a los impactos físicos y culturales; y, por otra, socava las capacidades culturalmente creadas de las sociedades para adaptarse a los ecosistemas y hacer frente a las amenazas externas. Es decir, de esta manera, los pueblos indígenas “ecosistémicos” o aquellos que dependen de los ecosistemas para subsistir, son afectados doblemente: se les priva de los recursos materiales y se les priva de sus ideologías de autoprotección. Así, el desarrollo, en algunos ambientes naturales y sociales, se convierte en una amenaza externa, para las cuales esos sistemas no han desarrollado sistemas de autoprotección.
3.2. Los sistemas naturales y sociales ante las amenazas externas
En los sistemas naturales y sociales, existen mecanismos para enfrentar a los cambios violentos, o alteraciones que generan eventos naturales como las erupciones, los incendios forestales, los huracanes, las inundaciones, las plagas, entre otros, que ocasionan alteraciones en los ecosistemas y que generan emergencias y desastres en las sociedades. Esas amenazas o promotores de riesgo, han podido ser evitadas por los pueblos tradicionales mediante dispositivos culturales, con lo que ninguna de esas amenazas externas, supone peligro de desaparición para los ecosistemas o sociedades afectados, que pasada la emergencia, empiezan a recuperarse y luego florecen nuevamente.
En contraste con las amenazas naturales, las que generan los procesos de desarrollo, que son de carácter tecnológico, tienen un desenlace opuesto. Dado su alcance, persistencia y complejidad, estas amenazas ocasionan efectos negativos que no pueden ser evitados por los sistemas naturales y sociales, ni existe forma de recuperación posible. Estas amenazas vulnerabilizan a los ecosistemas y a las sociedades y, las deja en riesgo de desaparición. Las sociedades a las que Alcorn denomina ecosistémicas, son particularmente sensibles a este tipo de impactos y muchas de ellas ya han desaparecido como consecuencia directa de ellos.
Biólogos y ecólogos que han estudiado casos de perturbaciones sociales y ecológicas, han coincidido en que las respuestas óptimas a éstas, son la adaptación y la resiliencia. Las perturbaciones, en este contexto, son cambios que se producen como parte de la dinámica de los ecosistemas y de la sociedad y que tienen efectos positivos o negativos en una determinada área natural o comunidad humana (Olsson 2003 y Folke s/f). Ejemplos de perturbaciones ecológicas y sociales son los incendios forestales, los huracanes, las inundaciones, los desastres (naturales o antropogénicos), las epidemias, las revoluciones y las políticas de desarrollo.
Adaptación es un proceso mediante el cual los sistemas sociales y naturales mantienen sus estructuras en un nivel sostenible, frente a cambios de distinto tipo. Los sistemas humanos tienen una gran capacidad de adaptación, habiendo florecido en prácticamente todos los ecosistemas de la tierra. Adaptación implica no sólo la capacidad para vivir en un entorno dado, sino también para hacer frente a sus efectos adversos y recuperarse de ellos. Peterson (2000) afirma que "individualmente o en grupos, los humanos, pueden anticipar y prepararse para el futuro en un grado mucho mayor que los sistemas ecológicos" (2000: 324).
Resiliencia es "la capacidad de un sistema para absorber cambios y variaciones sin pasar a un estado diferente, en el que las variables y procesos que controlan la estructura y comportamiento cambien súbitamente" (Holling 1996: 735). De una manera más amplia, resiliencia ha sido definida como: a) "la cantidad de cambio que un sistema puede sufrir, mientras continua manteniendo control sobre su estructura y función; b) la capacidad del sistema a auto-organizarse; y, c) el grado en el que el sistema es capaz de aprender y adaptarse" (Carpenter y otros, 2001). El concepto de resiliencia social aún se encuentra en construcción, pero generalmente se admite que es la capacidad de los grupos humanos y de los individuos, de enfrentar y/o adaptarse a una adversidad y de recuperarse de los impactos causados por ésta, para continuar llevando una vida normal.
Comprendiendo la noción de resiliencia, se busca prever la "probabilidad plausible de cambios futuros" (Cumming et al. 2005: 984) ante la perturbación de los sistemas ecológicos y sociales. El conocimiento de los mecanismos de adaptación, por otra parte, han permitido entender los niveles de resiliencia que los pueblos tradicionales han alcanzado y cómo, de esta manera, podrían enfrentar las amenazas externas que significan los eventos naturales, y conducir procesos efectivos de recuperación cuando las emergencias y desastres los han golpeado.
3.3. Adaptación y Resiliencia de los Pueblos Indígenas, ante las Amenazas Naturales
Los pueblos indígenas han desarrollado conocimientos y prácticas que los permiten adaptarse a ecosistemas frágiles, hacer frente a perturbaciones naturales y desastres, y a sobrevivir sin una economía de acumulación, al margen de las sociedades predominantes. Este es el caso, por ejemplo, del pueblo Huaorani de Ecuador, que viven en zonas frágiles de la selva amazónica. Irónicamente, la fragilidad ecológica de la zona en que vive este pueblo, les ha protegido de injerencia externa a lo largo de los siglos (Rival 2002), pues se adaptaron a este ecosistema y son resilientes a las amenazas allí existentes.
Cuando las alteraciones sociales o naturales afectan a las sociedades tradicionales, existen medios culturales para enfrentar las amenazas, que incluyen tanto medidas para la prevención de los impactos negativos de esas amenazas, como de recuperación para el caso de ser afectados negativamente. Estas estrategias son parte de las instituciones sociales consuetudinarias e implican un conocimiento y control completos del medio ambiente local. Utilizando estrategias culturalmente desarrolladas para hacer frente a dificultades sociales, los indígenas han sido capaces no sólo sobrevivir catástrofes, sino también, de prosperar luego de ellas (Oliver-Smith 1994: 34).
Las estrategias para hacer frente a perturbaciones naturales son transmitidas intergeneracionalmente. Sin embargo, éstas podrían ser olvidadas en medio de procesos de aculturación o simplemente ser ineficaces ante perturbaciones desconocidas, inesperadas o de rápida evolución, como son una falla tecnológica, la construcción de carreteras, la ejecución de proyectos como plantaciones y represas hidroeléctricas, que cambian la ecología de la zona. Este tipo de estructuras o procesos de desarrollo económico, aunque pensadas para el bienestar social, constituyen al mismo tiempo, situaciones generales e indirectas de riesgo que afectan a toda la sociedad ; y, para los grupos tradicionales que habitan en las áreas de influencia, esas obras constituyen amenazas específicas y directas.
Históricamente, los grupos indígenas tienden a ser culturalmente resilientes ante las amenazas naturales y los desastres, lo cual reduce las tensiones durante el proceso de recuperación. Torry (1979) señaló que las sociedades tradicionales han mostrado una capacidad para mantener la estabilidad social a largo plazo en ambientes naturales difíciles, lo cual denominó como un mecanismo homeostático. Según este enfoque, una sociedad afectada tiende a volver a la condición social existente antes de ser afectada por una amenaza natural o un desastre. En tales casos, las sociedades tradicionales utilizan varias estrategias para mantener la estabilidad, como son: a) la dispersión, donde la gente evita o minimiza los efectos de un desastre moviéndose a diferentes lugares; b) el intercambio económico inter-étnico, que ofrece la posibilidad de superar las limitaciones ambientales que amenazan la prosperidad bajo un régimen de aislamiento; c) la restricción o promoción de ciertas actividades a fin de recuperar de los efectos de una catástrofe; y, d) la imposición de normas o el uso de rituales para suprimir o mitigar los efectos de desastres (Torry 1979).
Analizando las respuestas de los pueblos indígenas de los Andes precolombinos ante los riesgos, Oliver-Smith, (1999), reconoce cinco patrones básicos de adaptación: 1) control de niveles ecológicos múltiples; 2) patrones de asentamiento dispersos; 3) materiales y técnicas ambientalmente apropiados de construcción; 4) mecanismos de preparación; y, 5) ideología y modos de explicar las amenazas (Oliver-Smith 1999:77). Estas estrategias de adaptación han sido exitosas en los pueblos andinos durante siglos, para enfrentar los efectos de los desastres. Por otro lado, estudiando al pueblo indígena Tonabela de Pilahuín, en los Andes centrales de Ecuador, López Cando y otros (2002), y Real (2009) corroboran algunos de los aspectos señalados por Oliver-Smith, mencionando técnicas de dichos indígenas para evitar ser afectados de manera grave por algún riesgo. Entre éstas, se citan a las siguientes:
- Dispersión geográfica de poblados y baja densidad demográfica. De esta manera se logró controlar varios pisos climáticos y así asegurar variedad de productos alimenticios. Igualmente, siendo pequeñas las comunidades, éstas son autosustentables;
- Siembra de productos agrícolas diversos en lugares también diversos, creando “archipiélagos” territoriales. Así, en caso de heladas, plagas o sequías que destruyan las cosechas de un lugar, se mantienen inafectadas las de otros lugares;
- Instituciones sociales como la minga, el compadrazgo, el priostazgo, el trabajo a reciprocidad, entre otras, que servían para mitigar problemas económicos comunitarios o familiares;
Por otro lado, algunos descubrimientos desde el campo de la ecología histórica, también nos dan cuenta de procesos milenarios de adaptación de los pueblos indígenas, a las condiciones naturales de las áreas en las que habitan. Y, más allá de adaptación, también existen verdaderos procesos de “humanización” de los ecosistemas naturales. Por ejemplo, hay evidencias de que los ecosistemas amazónicos no son exclusivamente “naturales”, sino que existe en ellos la influencia sostenida y paciente de los pueblos nativos, que durante siglos modificaron esta área. Por ejemplo, las llamadas “terra preta do indio” en Brasil, son enriquecimientos artificiales del suelo con un alto poder de mantención de los nutrientes. Todavía un misterio como los indígenas, hace cientos de años lograron crear estos suelos, en la actualidad constituyen los más ricos de la cuenca amazónica, habiendo sido controlados hoy por empresas y hacendados que sacan enorme ventaja de esta tecnología tradicional (Gladder, et al. 2001).
En la amazonía ecuatoriana, se ha probado que el bosque húmedo entre los ríos Napo y Curaray, el hogar tradicional del pueblo Huaorani, es un ecosistema intervenido durante cientos de años por dicho pueblo. Cuando éstos se trasladan frecuentemente de una zona a otra, no lo hacen al azar, sino que rotan periódicamente por áreas sembradas por sus antepasados, con especies vegetales seleccionadas tanto para proveer de los frutos y productos claves, como para atraer a las especies animales en los que se basa su dieta (Rival 2002). Otros ejemplos de “domesticación” de ecosistemas en varias partes del mundo, son narrados por Balé (2009), Dillehay (1990), entre otros.
La revisión precedente, muestra la existencia de procesos naturales y sociales de adaptación, resiliencia y recuperación, en el contexto de ecosistemas culturalmente enriquecidos. Así, naturaleza y sociedad se han acoplado de una manera simbiótica a lo largo de cientos de años en los que los pueblos tradicionales han podido generar tecnologías, ritos, modos de explicación; y, en general, dispositivos culturales que les han permitido aprovechar sustentablemente los recursos locales, evitar ser afectados de manera irreversible por los eventos naturales y mantener viables los procesos sociales internos, necesarios para su reproducción cultural.
No obstante lo fuertemente arraigado que en las culturas tradicionales se encuentran esos procesos defensivos, éstos pueden ser inutilizados cuando amenazas de mayor alcance e intensidad como las que suponen ciertos proyectos de desarrollo, irrumpen en esos pueblos y/o en los ecosistemas de los que obtienen su subsistencia. En esos casos, estos grupos pierden los medios materiales de subsistencia que les proveen los ecosistemas, y sus mecanismos de adaptación y resiliencia, quedan severamente limitados o inutilizados, quedando así, en condiciones de extrema vulnerabilidad.
IV. DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS SOCIALES Y ECOLÓGICOS
El desarrollo económico y la tecnología han sido consideradas dos de los más poderosos elementos de alteración de los sistemas sociales (UNDHA de 1995, Pelling 2003), y ecológicos (Vitousek et al 2001, Holling 1996). Ambos tipos de perturbaciones son capaces de provocar cambios negativos, súbitos e irreversibles, de los que el sistema afectado, con frecuencia, no puede recuperarse. Sin embargo, debido a que el desarrollo económico y la tecnología son asumidos como vehículos para el bienestar general, los efectos negativos no siempre son percibidos por la sociedad. Por esto, la ruptura de los mecanismos naturales en los ecosistemas y la destrucción de los procesos de adaptación y resiliencia social que han sido culturalmente generados por los pueblos nativos, han sido invisibilizados en todos los proyectos de desarrollo.
El capitalismo y el socialismo, aunque distintos en lo ideológico, tienen un carácter similar en cuanto a su naturaleza acumulativa, productiva y de expansión económica. Ambos sistemas están basados en la idea de la industrialización y producción ilimitada de bienes, por lo que el extractivismo de recursos naturales es una actividad central en los dos tipos de regímenes, cuyas economías, en la actualidad, se encuentran fuertemente entrelazadas e interdependientes. La economía globalizada, en la que hoy vive gran parte de la humanidad, necesita, por tanto, de la incorporación masiva de recursos humanos y naturales para la producción de bienes. Es por esto que las políticas neoliberales han promovido la desregulación del trabajo, la circulación de capitales y el acceso a las fuentes de materias primas, conduciendo a la reprimarización de la economía (SENPLADES 2009).
El acceso a las fuentes baratas de materias primas ha llevado a explorar todos los ecosistemas aún no intervenidos en busca de recursos naturales. Algunos de esos ecosistemas, constituyen el hogar de grupos indígenas, que han vivido en ellos por cientos de años, aún desde antes de la conformación de los estados nacionales. Al intervenirse económicamente en esos ecosistemas, se produce la ruptura de las economías de subsistencia indígenas y, a menudo, la transferencia de tierras de estos pueblos para proyectos capitalistas, lo que da como resultado la migración y desplazamiento (Naciones Unidas 2002). En Ecuador pueden verse estos efectos en varias zonas rurales y ecosistemas naturales en donde ha ocurrido una transferencia masiva de terrenos de propiedad de campesinos e indígenas dedicados a procesos económicos de subsistencia, que han sido adquiridos a precios irrisorios por inversionistas para la producción agroindustrial. Estos casos han sido frecuentes en el norte de Esmeraldas, cuyos bosques primarios, tradicionalmente en manos de comunidades afro-ecuatorianas y de indígenas Awá y Chachi, han pasado a manos de empresas dedicadas a la producción de palma de aceite.
Ya desde mediados de la década de 1990, se ha venido insistiendo en los efectos que las políticas de ajuste han tenido en ciertos grupos sociales. Por ejemplo, la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, Dinamarca, en 1995, reconoció el doble efecto de la globalización en la sociedad, que por un lado "abre nuevas oportunidades para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo de la economía mundial, especialmente en los países en desarrollo", pero al mismo tiempo, "los procesos de cambio y ajuste de rápido han estado acompañados por la intensificación de la pobreza, el desempleo y la desintegración social. De esta manera, las amenazas al bienestar humano, en la forma de riesgos ambientales, también han sido globalizadas"(UNWSSD 1995).
Los efectos de la globalización económica son también negativos para los sistemas naturales. Aunque el crecimiento económico impulsado por los ajustes estructurales podría mostrar cierta mejora en el cálculo del producto nacional bruto de los países, pero los efectos ecológicos son devastadores. Las actividades económicas como la maderera y la agrícola, la pesca, entre otros, en los sistemas naturales están transformando los elementos básicos, aire y agua y modificando los ecosistemas del planeta. Las consecuencias de estas actividades tales como el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica, son globales, irreversibles e interconectadas y podrían reducir la capacidad de producir materias primas en el futuro (Vitousek et al 2001). La tendencia de la globalización a promover cambios en los sistemas sociales y naturales tiene una fuerza de perturbación sostenida, en donde quienes sufren sus consecuencias son aquellos que viven en la confluencia de los sistemas sociales y ecológicos, tales como los pescadores, los agricultores, campesinos, y los pueblos indígenas, entre otros.
La destrucción acelerada de ecosistemas marinos y terrestres, está generando problemas locales y globales como la disminución de reservas ictiológicas, la eliminación de los manglares y marismas; la deforestación, los aludes, incendios forestales, inundaciones, entre otros, que aunque en apariencia inconexos, tienen en común que constituyen efectos de las presiones socioeconómicas extremas a que están siendo sometidos los ecosistemas y el ambiente en general. En una escala global, el denominado efecto invernadero y el cambio climático que como consecuencia ocurre, está causando fenómenos meteorológicos violentos, huracanes, lluvias torrenciales, deshielo de los glaciares, subida del nivel del mar, sequías y desertización, entre otros. Los efectos sociales de los problemas locales y globales mencionados, son catastróficos, especialmente debido a la asiduidad con la que están ocurriendo los desastres, los gigantescos desplazamientos humanos que se provocan, la falta de alimentos en algunas regiones, debido a la erosión, entre otros hechos derivados de las alteraciones ambientales.
La gran preocupación ambiental que hoy existe es debido a que la destrucción o degeneración de varios ecosistemas planetarios ha sobrepasado ya los denominados valores umbral, o que la resiliencia de esos ecosistemas ha sido anulada o disminuida. En investigaciones recientes se ha observado que la destrucción de ecosistemas no es, como antes se tenía entendido, un proceso gradual del que estas áreas pueden recuperarse una vez que se eliminan las presiones que sobre ellas se aplicaron; sino que, una vez que se ha pasado de cierto nivel de degradación, o umbral, se producen cambios abruptos e irreversibles. Esto significa que aunque se apliquen ciertas medidas de remediación a los ecosistemas ya degradados, éstas podrían ser ya ineficaces desde el punto de vista ecológico, pues el ecosistema original fue transformado y nuca más retornará a sus condiciones anteriores de equilibrio. Esto significa que ese ecosistema no generará más los servicios ambientales que usualmente proveía, no albergará la biodiversidad que allí existía, ni que en él se reproducirán o desarrollarán las condiciones hidrológicas, bioquímicas, físicas, entre otras, que allí ocurrían.
En el contexto de destrucción de ecosistemas que ocurre en el contexto de la globalización económica, los pueblos indígenas tradicionales que moran en esos ecosistemas, se encuentran en la primera línea de peligro de ser afectados, tanto en sus culturas como en sus posibilidades reales de permanencia física.
4.1. Desarrollo Económico y Vulnerabilidad Social en los Territorios Indígenas
El desarrollo económico afecta negativamente a las sociedades tradicionales de dos maneras. En primer lugar, ideológicamente, generando la idea de que las poblaciones indígenas son atrasadas, lo cual presiona subliminalmente a los decisores políticos para transformar a esas sociedades. En segundo lugar, el desarrollo afecta físicamente a los pueblos indígenas, al promover cambios irreversibles en los ecosistemas, en la tenencia y uso de la tierra, en los patrones de asentamiento, con lo cual, esos grupos son expuestos a mecanismos de degradación cultural por disminución de recursos, hostigamiento de grupos sociales que invaden sus tierras, saturación de costumbres no compatibles con la cultura local, entre otros efectos.
Por otro lado, las nociones de desarrollo en las políticas de estado no han incorporado la forma de vida de los pueblos tradicionales, así como han ignorado el rol del ambiente natural en los procesos sociales de esos grupos. Con estos vacíos, se ha promovido el uso de las tierras de estos pueblos, para proyectos masivos de desarrollo como son los de las industrias extractivas, las presas hidroeléctricas, las plantaciones y carreteras (Bodley 1990). Estos proyectos se caracterizan por la incorporación en los entornos indígenas, de grupos sociales extraños que ejercen un poder tecnológico, económico y político abrumador para las comunidades locales. Estos grupos externos, definen las nuevas reglas imperantes y transforman drásticamente los entornos naturales y sociales (Kimerling 2002: 525), promoviéndose así desplazamientos humanos, destrucción del ambiente debido a la contaminación del suelo de erosión, agua y aire, la destrucción de los bosques, las epidemias, sólo para citar algunos de los efectos nocivos de esos emprendimientos.
Los problemas físicos causados por los proyectos de desarrollo se interconectan con otros efectos que apuntan al mundo interior de la comunidad, como son, la ruptura de las redes sociales, la pérdida de la intimidad cultural, los enfrentamientos intra-comunitarios, en los que se debate sobre la aceptación o no de ciertas actividades en sus territorios, así como enfrentamientos con extraños que tratan de obtener el control sobre las tierras indígenas y los recursos naturales. Estos problemas privan a los pueblos indígenas de agua, alimentos saludables y los recursos naturales para la construcción de viviendas y otras prácticas culturales; y, lo que es vital, los privan de tranquilidad colectiva para continuar con sus dinámicas sociales. Por lo tanto, los habitantes tradicionales pierden el control sobre la base económica de su vida (la tierra, los recursos naturales, los alimentos y los conocimientos tradicionales), sobre sus elementos culturales, debilitándose así el tejido social y comprometiéndose así su capacidad para promover condiciones sostenibles para su reproducción social y material.
IMPACTOS DEL DESARROLLO EN LAS SOCIEDADES TRADICIONALES
La infraestructura y las prácticas que se requiere para la extracción de recursos naturales y ejecutar otros proyectos de desarrollo, directamente o indirectamente afectan a las sociedades tradicionales. Obras físicas como, por ejemplo, la construcción de carreteras, establecimiento de campos petroleros y oleoductos en tierras de pueblos tradicionales requieren de abundante mano de obra, por lo que se llevan grandes contingentes de obreros a zonas indígenas. Este nuevo grupo social interfiere con los procesos culturales locales y presenta el riesgo potencial de colonización y propagación de enfermedades. Una vez que se han construido carreteras, se incrementa la conectividad social y el flujo constante de personas, que alteran de manera negativa y a veces brutal, la vida de las sociedades tradicionales. Así se produce una competencia por los recursos naturales y la tierra; y, se introducen los peores valores de la sociedad externa, como son, entre otros, el consumo de alcohol y prostitución, la delincuencia y el tráfico de recursos naturales. Los grupos humanos no nativos, son agentes de modificación de los valores sociales y culturales locales.
La contaminación de ríos, lagos y del suelo, es otro efecto directo de estos proyectos de desarrollo, que disminuye la pesca y las oportunidades de caza de la población local. Esto expone a los pueblos indígenas a condiciones extremas de vida y crea riesgos a su salud.
La combinación de los efectos físicos, sociales y ambientales de las actividades de desarrollo en territorios indígenas, genera enormes efectos negativos en las culturas tradicionales, que incluso les pone en peligro de extinción cultural y/o física.
Los efectos de estas pérdidas y deterioros sólo son comparables a una gran perturbación como un desastre natural o incluso una guerra. Los problemas ecológicos y sociales que emergen con la introducción de proyectos de desarrollo en áreas indígenas, actúan lentamente hacia la aculturación de los pueblos indígenas y el deterioro de la relación con sus entornos sociales y naturales. El debilitamiento o pérdida de las instituciones tradicionales, de poder sobre la tierra y los recursos naturales y, por consiguiente, de autonomía, han contribuido a la disminución y desaparición de las estrategias de adaptación y resiliencia cultural.
Esos cambios impiden que los grupos indígenas den respuestas eficaces a los peligros (Comfort et al. 1999). Estos pueblos, por lo tanto tienen que hacer frente a riesgos sociales y físicos sin las formas culturales de protección ante las amenazas naturales y sociales y sin su potencial de recuperación (Canon 1994). Estas circunstancias, agravadas por las presiones económicas de la globalización, son la causa principal de la vulnerabilidad social de estos grupos humanos (Blaikie et al. 1994).
4.2. ¿Pueden los Pueblos Tradicionales resistir los impactos de la Globalización?
La tendencia económica de crecimiento continuo de la producción y el consumo, conlleva a la exploración constante de fuentes de recursos naturales. El capitalismo busca ante todo, la optimización de la producción y la reducción de costos para mejorar los beneficios. Una forma de lograr esos objetivos, es la obtención de los recursos naturales de zonas y regiones en donde esos costos son menores. Este interés de los capitalistas ha sido compatible con las políticas de ajuste neoliberales, que convirtieron a las tierras indígenas en un destino para los proyectos de desarrollo. A esto hay que añadir el prejuicio que ha imperado en los políticos y los gobiernos, de que los pueblos indígenas deben ser modernizados y sus tierras desarrolladas.
Ante la situación señalada, es pertinente preguntar si los mecanismos tradicionales de adaptación y recuperación de los pueblos indígenas, serán eficientes ante el nuevo tipo de amenazas que suponen esas intervenciones. La resiliencia social, como ya se indicó, es la capacidad de los sistemas humanos para absorber perturbaciones sin poner en peligro su estabilidad (Gunderson y Holling 2002). Esta capacidad se basa en un conjunto de instituciones culturales diseñadas para adaptarse, para innovar y enfrentar las incertidumbres. La resiliencia es proporcional al grado de coordinación social interna y a la presencia de las instituciones que permiten a la sociedad adoptar medidas para remediar los efectos de las perturbaciones. Entre los elementos que determinan los mecanismos de resiliencia social, se citan:
- Conocimiento de los entornos micro-regionales y locales;
- Control sobre la tierra y los recursos naturales;
- Existencia de instituciones culturales para el manejo de recursos naturales;
- Capital social (relaciones, coordinación, identidad); y,
- Consolidación de modos de producción (de subsistencia o acumulación económica limitada)
Una sociedad tradicional, socialmente resiliente, adopta decisiones para enfrentar a los peligros que las amenacen. Aplicando estrategias culturales, esas sociedades buscan los siguientes objetivos: a) adaptarse a la nueva situación; b) lograr un bienestar sustentable; c) evitar o reducir la vulnerabilidad; y, d) recuperarse de un desastre. Como lo muestran Tory (1979) y Oliver-Smith (1994), las sociedades tradicionales tienen los elementos culturales necesarios para lograr condiciones de resiliencia, para adaptarse; o, de ser el caso, para recuperarse de las perturbaciones físicas o sociales que les han afectado.
Fin Parte 1
>>> Parte 2
Menú Móvil
Menú
Menú
Menú
Menú
Menú
...
