Consorcio para el
Derecho Socio-Ambiental
Vulnerabilidad Social y Riesgo
D
Petición de la CONAIE a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando la provisión de medidas cautelares a favor del Pueblo Indígena Huaoraní
Petición de Medidas Cautelares para los Huaoraní
En 1986, durante el gobierno de León Febres Cordero, se sacaron a licitación varios campos petroleros ubicados en el Parque Nacional Yacen. Pocos años después, las actividades petroleras dieron su inicio, con lo que arrancó un proceso de continua vulnerabilización del pueblo indígena Huaoraní, habitante tradicional de la citada área protegida y de territorios aledaños entre los ríos Napo y Curaray.
La licitación de los bloques petroleros al interior del Parque Nacional Yacen y territorio Huaoraní, fue desafiada legalmente en 1988, por la Corporación de Defensa de la Vida, CORDAVI, el primer grupo ecuatoriano especializado en derecho ambiental, cuyos abogados presentaron una acción ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. El caso fue ganado por CORDAVI logrando la prohibición de actividades petroleras en el área protegida, sin embargo, las presiones de las empresas petroleras, la debilidad política e institucional de la justicia ecuatoriana y, el ningún interés del gobierno por llevar adelante una política pública ambiental, originaron que el mismo Tribunal de Garantías Constitucionales, a pretexto de aclarar su sentencia, cambiara completamente su sentido, a fin de permitir la continuación de las actividades petroleras.
Posteriormente a la acción legal reseñada, abogados de CORDAVI y otros, preocupados por los efectos que la actividad petrolera tiene para los derechos humanos, presentaron otras acciones en favor del área protegida y de los pueblos indígenas (para ver:)
El punto central de esas acciones fue la petición de medidas judiciales que protejan a los indígenas Huaoraní, cuya cultura y estabilidad física, se encuentran seriamente comprometidas por la actividad petrolera que se lleva a efecto en su territorio ancestral.
El uso de las tierras indígenas en actividades extractivas de recursos naturales, ha generado un intenso debate, debido al vínculo que se genera entre la destrucción de los ecosistemas por parte de los proyectos que se instauran en las áreas naturales y la estabilidad cultural y física de los pueblos nativos. En Ecuador existen ya ejemplos sobre la desaparición de pueblos nativos debido a la actividad petrolera, siendo el más conocido el caso del pueblo Tetete, en cuyo territorio se encontró el primer campo petrolero que el Ecuador desarrolló en la Amazonía, a mediados de los años 1960s. Este fue el denominado Lago Agrio 1, a cargo de la empresa Texaco. En el área de este campo, creció la actual ciudad de Lago Agrio, la más grande de la Amazonía ecuatoriana.
El punto central de la preocupación por las actividades de desarrollo en territorios indígenas, es que las presiones sociales, económicas y ecológicas que esos proyectos generan, son mayores a las que la cultura indígena local puede resistir. Si bien es cierto que los Huaoraní y otros grupos nativos, son resilientes socialmente, encontrándose muy bien preparados para lidiar con presiones y amenazas naturales como inundaciones, sequias, plagas, incendios forestales, entre otros, sin embargo no están preparados para responder a las complejas amenazas que suponen las actividades de desarrollo. Estas actividades las afectan doblemente: por un lado, someten a los indígenas a presiones extremas que salen del rango de lo que estos grupos pueden manejar; y, por otro lado se les debilita al privárseles de áreas de caza y pesca, que son inmediatamente afectadas por los impactos directos e indirectos de dichos proyectos. Esta combinación de impacto y disminución e incluso pérdida de la resiliencia social, no permite los procesos de recuperación de los pueblos nativos, los que así son sometidos a procesos de descomposición social. Esto se ve agravado por el impacto social de los proyectos de desarrollo, que a menudo llevan al ambiente indígena las peores muestras de la forma de vida externa, como son el alcoholismo, la prostitución, etc. De esta manera, el tejido social del pueblo indígena se debilita, generándose pérdidas culturales imposibles de recuperar.
Entre los efectos concretos que los Huaoraní muestran debido a las actividades de desarrollo que se realizan en su interior, se citan la aculturación, la prostitución, el alcoholismo, los enfrentamientos internos y matanzas, que desde hace más de dos décadas ocurren en el territorio indígena, con un saldo aun no cuantificado de víctimas, pero que podrían bordear los 100 muertos. Un ejemplo de esto es la masacre ocurrida en mayo del 2003, en la que se presume fueron asesinadas 30 personas de un clan Huaoraní, por parte de otro clan del mismo pueblo indígena. El levantamiento de algunos de los cadáveres de esta matanza, fue realizado por el Dr. Marco Vargas Zúñiga, Agente Fiscal de Pastaza, mismo que se encuentra relatado en el libro “Emeeworani Piquenani Omere Quewenani” ( pinche en las imágenes).
Petición de Medidas Cautelares
Dados los enormes efectos que las actividades petroleras causan en el entorno social y ecológico del pueblo Huaoraní, en mayo del 2006, Fernando Ponce, Raúl Moscoso, Patricio Asimbaña y Juan Guevara, miembros de un colectivo de defensa de los derechos colectivos indígenas, presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que solicitaron la concesión de medidas cautelares en favor del pueblo Huaoraní. Esta petición fue ratificada más tarde por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La petición se encuentra al momento bajo estudio.
Para leer la petición de la CONAIE, seguir el siguiente
El proceso de afectación a los grupos nativos por parte de los proyectos de desarrollo, se encuentra descrito en el artículo “Derechos Colectivos, Desarrollo y Vulnerabilización de los Pueblos Tradicionales”, autorado por Byron Real y publicado en el libro “Los Derechos Colectivos, Hacia una efectiva comprensión y protección” (Ávila, María Paz y Corredores, María Belén, 2009), publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador.
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